El gobierno de Evo Morales en Bolivia vuelve a vivir delicados momentos de tensión y de quiebre con organizaciones sociales y comunidades indígenas. En este caso, se han producido graves discrepancias entre Estado y poblaciones indígenas sobre la modalidad elegida por el gobierno para facilitar el tránsito entre Brasil, Bolivia y Chile. El trazado crearía un corredor que pasaría por el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

La extensión de todo el corredor es de 1.402 kilómetros, mientras que el trazado que pasaría por territorio indígena sería sólo 306 kilómetros, lo que parecería un pequeño segmento en relación al resto. Sin embargo, su significación simbólica y ambiental es enorme, ya que un tramo significativo de la carretera, atravesaría el Tipnis, un santuario natural de algo más de un millón de hectáreas que es propiedad colectiva de unas 15.000 personas de tres pueblos indígenas: moxeños, yurakarés y chimanes.

El costo del proyecto, a cargo de la constructora brasileña OAS, es de 415 millones de dólares, financiados en 80 por ciento mediante un préstamo que otorgó a Bolivia el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES). La carretera forma parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).

Es por todo ello, que miembros de hasta 30 comunidades indígenas han iniciado una marcha pacífica hacia La Paz, en protesta por esta iniciativa gubernamental. La marcha tiene como objetivos:

1) Visibilizar el rechazo de las comunidades indígenas que habitan en el Tipnis, de cualquier posible trazado que pase por el interior del Parque Nacional, en concordancia con la declaración de este Parque como “inalienable, indivisible e irreversible” según declaración del Instituto Nacional de Reforma Agraria.

2) Defender los derechos de los pueblos indígenas recogidos en la Nueva Constitución Política del Estado, en vigor desde 2009

3) Hacer valer el Reglamento de Áreas Protegidas, el Decreto Supremo 22.610 que reconoció el territorio indígena, el Código Penal y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas sobre acciones que afecten sus territorios, y que en este caso NO se ha producido.

Esta medida ha ocasionado que diferentes sectores se pronuncien sobre el tema, tanto a nivel nacional como internacionalmente, volviendo esta marcha y movilización en una lucha política, cultural y ecologista.

En el marco de este debate político nacional, se han suscitado las primeras divisiones entre algunas de las organizaciones sociales matrices, y que en su momento conformaron el Pacto de Unidad de apoyo al “Proceso de Cambio” impulsado por el gobierno de Evo Morales.

La situación de vulnerabilidad, precariedad y riesgo de conflicto violento entre aquellas organizaciones y comunidades que impulsan la marcha hacia La Paz y otras que apoyan el proyecto del gobierno, ha aumentado en los últimos días. Es por ello que muchas de las instituciones comprometidas con la defensa de los DDHH en Bolivia han redactado y firmado un comunicado de solidaridad y apoyo a la legítima y pacífica marcha de protesta y defensa del TIPNIS, apostando como urgentes medidas de solución del conflicto, las siguientes :

la utilización de parte del Estado de mecanismos que garanticen el pleno ejercicio de los derechos colectivos, respetando el derecho de libre determinación y

asegurando la transparencia de información mediante la participación y control social

Equipo de ACSUR en Bolivia.

Fuente:

Equipo de ACSUR en Bolivia.

http://acsur.org/Apoyo-a-las-comunidades-indigenas